El trabajo realizado por Santiago Diehl recorre los hitos históricos de la legislación sobre cine y revisa la situación actual, modificada por el streaming.
Por Ezequiel Boetti @ezequielboetti
La industria audiovisual está cambiando tan rápido, que por momentos cuesta recordar de dónde viene –el VHS como un elemento prehistórico– y mucho menos suponer hacia dónde va. Para arrojar algo de luz al presente y ensayar cuáles podrían ser los caminos a futuro es que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales viene realizando, a través de su Observatorio, distintos trabajos que operan como un insumo importante para la inclusión y la participación de todo el sector en los debates contemporáneos. Los documentos –que pueden consultarse aquí– abarcan temas varios, desde el impacto económico y tributario del sector audiovisual argentino y el sector audiovisual en la Economía del Conocimiento, pasando por la regulación de plataformas y estimación del fondo de fomento y la importación de servicios digitales. El último de ellos no incluye gráficos ni estadísticas, pero sí números, en tanto repasa el estado de la regulación del sector, de sus normas vigentes y los proyectos con estado parlamentario que se proponen modificarlas o complementarlas.
Pasado
Realizado por Santiago Diehl, integrante del Observatorio y profesor titular de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, con aportes de Ignacio Landaburu, el documento se titula “Legislación nacional del audiovisual. Recorrido histórico y panorama de proyectos con estado parlamentario” y está dividido en dos partes. La primera propone un viaje temporal hacia atrás para detenerse en todas las normas que, en mayor o medida, incidieron en el quehacer audiovisual de la Argentina, “uno de los países con más tradición cinematográfica del mundo, lo que se ve desplegado en el complejo marco normativo vigente que regula la actividad”, según afirma Diehl en el texto. El primer hito es la Ley 11.723, de Propiedad Intelectual , sancionada en 1933 por el gobierno de Agustín P. Justo, que incorpora la mención expresa a la “obra cinematográfica” y, en su inciso d) del antiguo artículo 69, “estipuló las bases para la creación de un Instituto Cinematográfico Argentino al que destinarían el 20% de los fondos recaudados por aranceles”.
Otro momento clave ocurrió en 1957, cuando el Decreto Ley 62/57 del gobierno de facto de Pedro E. Aramburu creó el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) como ente autárquico dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, en reemplazo de la Dirección General de Espectáculos, y le otorgó al cine los mismos derechos de libre expresión que la Constitución le garantiza a la prensa. En 1968 llegó el turno del decreto/ley que, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, estableció la aún hoy llamada Ley de Cine (17.741), que define qué es una “película nacional”, crea el Fondo de Fomento Cinematográfico y establece la “cuota de pantalla” para la protección de la producción autóctona.
Las tres normas se crearon en tiempos donde la democracia era una fachada (Agustín P. Justo, uno de los presidentes de la llamada “década infame”) o no existía (los gobiernos de Aramburu y Onganía). ¿Cómo se explica la relación entre el fomento y la protección cultural y los gobiernos de bajísima calidad democrática, o directamente de facto? “Si bien históricamente pueden identificarse líneas más nacionalistas o liberales entre los militares, y hemos tenido dictaduras de ambos tipos, hubo una mínima consciencia geopolítica del asunto”, explica Diehl. “La cultura en general y el audiovisual en particular son un engranaje central en los aparatos ideológicos de los estados nacionales, que en el interjuego global se despliega como poder blando. Una constante que explica la necesidad de proteger y fomentar nuestra industria audiovisual es la persistente penetración norteamericana, la hegemonía de Hollywood antes con los grandes estudios y sus distribuidoras, y ahora con las plataformas globales, que también son norteamericanas”.
Futuro
La segunda parte analiza cuatro proyectos legislativos vinculados con el sector: la ley de “Comunicación audiovisual en plataformas digitales”, presentado por el diputado Pablo Carro con el impulso de la Multisectorial Audiovisual; la de “Fomento audiovisual Federal”, de la diputada Florencia Lampreabe; la “Ley federal para la producción y la industria”, presentado por Gabriela Pedrali con el respaldo del Espacio Audiovisual Nacional, y la de “Creación de caja complementaria para las trabajadoras y trabajadores de la industria”, presentado por los diputados Hugo Yasky y Vanessa Siley, también con el impulso de la Multisectorial Audiovisual.
Si bien todos ellos son complementarios, “cada uno tiene sus particularidades”, afirma Diehl. “El proyecto de ley que empuja el Espacio Audiovisual Nacional es una nueva Ley de Cine, que absorbe todo el potencial aporte de las plataformas globales para el fomento del cine y el audiovisual. El de la caja complementaria, que empuja la Multisectorial Audiovisual, procura abordar aspectos que afectan a los trabajadores de la industria. Los otros dos sí guardan muchas similitudes, aunque uno de ellos hace especial hincapié en el desarrollo federal”, explica.
Casi todos los proyectos responden a un escenario donde el streaming ha puesto patas para arriba la lógica de una industria que durante décadas tuvo a las áreas de producción, distribución y exhibición separadas y con alcances bien definidos. Un punto clave, a la vez que reclamo de todo el sector, es que las plataformas tributen al Fondo de Fomento y tengan una porción de sus catálogos dedicada a películas, series y documentales nacionales. Diehl afirma que “cambiaría sustancialmente el juego para el fomento del audiovisual nacional y de todo el sistema cultural, según el o los proyectos que se aprueben”. Y detalla: “El cálculo varía en función de qué proyecto, pero básicamente el Fondo de Fomento Cinematográfico -hoy exangüe- volvería a recuperar relevancia. En cuanto al porcentaje de catálogo, no es sólo la cuota y la prominencia, sino también la obligación de invertir en producciones nacionales, que las de catálogo sean producciones actuales, de no más de dos años (proyectos de Carro y Pedrali) y en parte independientes (los de Carro y Lampreabe), lo que garantiza un piso de actividad para la industria local”.
Los proyectos de Carro y Lampreabe -presidente y vice de la Comisión de comunicaciones e informática de la Cámara de Diputados- determinan, además de los aportes al fondo, que las plataformas deben darles una buena visibilidad a las producciones locales, un detalle clave teniendo en cuenta que, algoritmo mediante, podrían quedar en el fondo del catálogo. “Ellos hacen referencia a que las producciones nacionales deben estar “proporcionalmente visibles” en la interfaz del usuario, tanto en el catálogo como en las promociones de sus contenidos. El de Carro establece una proporción de prominencia del 20 por ciento de producciones nacionales; el de Lampreabe, del 25 por ciento y marca que deben estar identificados como ‘contenidos argentinos’”, concluye Diehl.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/596914-el-estado-de-la-legislacion-nacional-del-audiovisual-segun-e
