Fundamentos

Una Nueva Ley Audiovisual

Ver Anteproyecto de Ley VERSIÓN 4.0 al 11 DE JULIO DE 2022


BREVE HISTORIA Y FUNDAMENTOS PARA UNA NUEVA LEY DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL

VERSIÓN al 11 DE JULIO DE 2022

En 1933, se crea el Instituto Cinematográfico Argentino, pionero en la gestión pública de la cinematografía de todo el mundo.

En 1957, se crea el Instituto Nacional de Cinematografía (INC), como ente autárquico, y el Fondo de Fomento Cinematográfico, a través de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine.

En 1968, con la ley 17741 se incorpora un cambio tecnológico de la época: la televisación de películas. Se establecen también créditos y se fomentan los festivales de cine.

En 1994, con la ley 24377 se modifica el nombre del organismo por INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), y la televisión y la venta o alquiler de películas en video comienzan a tributar al Fondo de Fomento Cinematográfico.

En 2020, se crea el ESPACIO AUDIOVISUAL NACIONAL (EAN), conformado por APIMA (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), ARGENTORES (Sociedad General de Autores de la Argentina), DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y PCI (Proyecto Cine Independiente). Desde entonces se comienza a trabajar en la elaboración de un Anteproyecto de reforma de la LEY DE CINE, con el objetivo de darnos una nueva herramienta que permita concretar una verdadera industria audiovisual nacional.

Los problemas de nuestra producción audiovisual continúan siendo básicamente los mismos:

• La falta de recursos necesarios frente a las limitaciones de nuestro mercado y la competencia con la industria norteamericana, cuya producción ejerce su supremacía en todos los mercados del mundo, lo que hace ineludible que nuestra producción, como la del resto del mundo, necesite los subsidios que le permitan existir.

• La necesidad de garantizar que esos recursos sean asignados equitativamente entre las muy diferentes clases de producciones audiovisuales, para asegurar la existencia de todas las manifestaciones que constituyen la rica y necesaria diversidad de nuestro audiovisual, que expresa nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro entretenimiento.

• La importancia de asegurar a nuestra producción el acceso a las pantallas, sean de salas de cine, de televisores, de computadoras, de teléfonos o de cualquier otro dispositivo que permita la transmisión o exhibición de obras audiovisuales, para que nuestros espectadores tengan el Derecho de acceder a “su propia” producción audiovisual.

La incorporación de lineamientos explícitos acerca de la representatividad de las mujeres está en consonancia con las medidas y leyes aseguradas por el gobierno nacional en cumplimiento no sólo de la Declaración universal de DDHH sino con la Comisión Jurídica y Social de la Mujer ( CEDAW). La Ley del Audiovisual ratifica el compromiso del gobierno argentino con las políticas dedicadas a la promoción de igualdad de género así como con lo presentado en la Carta Cultural Iberoamericana presentada en la XVI Cumbre de Jefes de Estado.

Por ello, el EAN entendió que debía aportar a la consideración del sector, primero, de la sociedad, después, y por último, del Congreso Nacional, una propuesta de modificación profunda de nuestra legislación, pero inspirada en los criterios que hemos expuesto.

En los 28 años de vigencia de la actual Ley, las distintas modificaciones que tuvieron lugar y sus respectivas reglamentaciones fueron intentando renovar sus alcances en una época con enormes avances y cambios en el área audiovisual, y dio como resultado una trama de parches y remiendos, cuyos alcances carecen de pericia para reglar hoy la actividad.

Su estructura rígida y burocrática fue haciendo que el INCAA, ente responsable en la aplicación y administración de la Ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales. La ineficacia de su estructura administrativa, de su Consejo Asesor de “cogobierno simbólico”, las fallas en la selección rigurosa de los materiales que deben ser protegidos, hace inevitable revisar toda esa experiencia de 28 años para sancionar una nueva ley efectiva y ajustada a la nueva realidad audiovisual, constituida por plataformas diversas y simultáneas.

El constante y creciente avance tecnológico ha creado nuevos medios, que han modificado tanto la comunicación social como también la comunicación audiovisual, influyendo en nuestras conductas y estilo de vida. La evolución de estos medios y sus contenidos audiovisuales han roto las barreras entre los diferentes canales de exhibición. Las producciones audiovisuales circulan indistintamente por las salas cinematográficas, los canales de TV abierta, los canales de cable, las plataformas de Internet y circularán en el futuro por otros canales de comunicación que hoy no somos capaces de imaginar.

Por otra parte, la digitalización ha uniformado los métodos de producción y el material y equipo tecnológico utilizado para su realización. Todo este desarrollo industrial se puede englobar en un solo y unificador concepto: “Producción audiovisual”.

Este nuevo paradigma plantea la necesidad de reformar la Ley de Cine en vigencia y actualizarla a los nuevos tiempos, para abarcar a todo el conjunto de la producción audiovisual nacional y a sus nuevas formas de realización y difusión, afirmando el carácter diverso y federal de esta producción.

Es deber del Estado argentino regular este universo de prácticas, en defensa de los contenidos nacionales audiovisuales, fomentar su producción y asegurar su distribución, así como sostener el compromiso del Estado Nacional con la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO, que impone a los firmantes proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Para lograr el objetivo, se vuelve necesario regular y gravar a todos los nuevos medios de exhibición existentes y a los que vendrán, y hacer cumplir "cuotas de pantalla" en todos los medios por los que circula ese tipo de contenidos.

Al disponer la unificación de todo el espectro audiovisual en esta ley, consideramos al actual INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) como la entidad competente para administrar esta regulación y evitar mayores gastos en la puesta en marcha de una nueva institución, ya que posee la experiencia y el personal idóneo para el correcto control de las nuevas disposiciones.

Las principales propuestas que incluye esta reforma y sus fundamentos consisten en:

• Modificar la estructura de conducción para el nuevo INCAA –conformando un directorio integrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales del resto del país, para asegurarle un contexto federal– es, sin duda, un cambio importante y estratégico al manejo unipersonal del INCAA que ha primado hasta la fecha, y permitirá democratizar la participación de todos los “actores” de la industria audiovisual argentina.

• Definir lo que se entiende por producción audiovisual nacional en lo que se incluye al cine y a todo el audiovisual desarrollado en cualquier tipo de soporte y técnica, con contenido de ficción, documental, animación, videojuegos, tecnologías inmersivas e interactivas, siempre que sea obra de la creación humana, que esté tutelada por la normativa vigente en el ámbito del derecho de autor.

• La evolución de las distintas formas de comunicación audiovisual requiere ampliar el concepto de cuota de pantalla, incorporando la obligatoriedad por parte de estos servicios, además de contar en su catálogo de programación con producciones nacionales, producir obras audiovisuales en el país, a los efectos de fomentar nuestra industria y nuestro trabajo y difundir nuestra cultura.

• Gravar la exhibición audiovisual por parte de las OTTs y demás plataformas y también los nuevos géneros de obra audiovisual, cuya denominación popular es de “videojuego”, pero que es un fenómeno mucho más amplio y de ricas variaciones tecnológicas (narrativas inmersivas e interactivas), que también deben estar comprendidas en la normativa sobre la materia. Estas importantes novedades no solo deben estar comprendidas en la ley, sino que también sus actos de comercialización deben aportar al Fondo de Fomento Cinematográfico. Esto no puede hacerse con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial, sino en el marco de una nueva ley.

• Establecer la obligatoriedad de aprobar anualmente el Plan Nacional y el Plan Federal de Fomento de Cine y Artes Audiovisuales, antes del 30 de septiembre de cada año, que regirá la planificación del año siguiente, en consonancia con el presupuesto del INCAA, atento a su estrecha relación con los recursos disponibles.

• Crear el Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales (CoFeCAA), integrado por un representante por cada una de las provincias, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el/la Presidente/a del INCAA, como organismo interjurisdiccional, de concertación, acuerdo y planificación, para asegurar la unidad y articulación federal de la política audiovisual nacional, creando delegaciones del INCAA en cada provincia del país, además de un fondo específico del 25% de la masa de fomento para la producción audiovisual que se realice efectivamente en las provincias, con el fin de promover un desarrollo federal homogéneo de sus fuerzas productivas.

• Establecer que el Fondo, una vez deducidos los gastos operativos y de funcionamiento del INCAA, se aplicará en un 80%, exclusivamente, al otorgamiento de subsidios para la producción, distribución y exhibición de producciones audiovisuales nacionales y la concesión de créditos industriales para equipamiento y afines.

• Además del 25% previsto para las provincias, el 50% de esos recursos globales se deberán destinar al “fomento a la producción audiovisual nacional de todo tipo, sean películas, telenovelas, unitarios, series, cortometrajes, clips, tecnologías inmersivas e interactivas, videojuegos, en cualquiera de sus formas. El 10 % deberá destinarse al fomento del cine y artes audiovisuales de bajo presupuesto, experimental o social realizado por asociaciones civiles, cooperativas o personas humanas o jurídicas cuya forma o contenido fuere experimental, antropológico, de defensa del medio ambiente, de la igualdad de género o la autodeterminación de la identidad sexual, de las minorías, de la integración y promoción de las personas con capacidades diferentes, de los sectores socialmente excluidos, de los movimientos sociales, comunidades indígenas u otras minorías.

• Por último, el 15% restante estará disponible por el Directorio para asignarlo a concursos especiales, promoción nacional e internacional, participación en fondos de coproducción, festivales y mercados nacionales o internacionales, así como mantenimiento o subvenciones a instituciones educativas o de investigación relativos a la producción audiovisual.
Adviértase que las provincias tienen asignados esos recursos, sin que ello implique que no puedan -también- aplicar sus proyectos en todas las otras posibilidades que regularmente genere el Instituto para el fomento de la producción.

• Establecer subsidios para el desarrollo de Proyectos de Producción Audiovisual Nacional, incluyendo los presentados por los/las autores/as de los libros audiovisuales con adjudicación directa para los /las guionistas presentantes, los que serán evaluados por los Comités de Selección que se establezcan mediante los Concursos correspondientes.

• Introducir la perspectiva de género, garantizando la equidad como así también la diversidad cultural, creándose además un fondo específico para el fomento de producciones audiovisuales nacionales de directoras y diversidades.

• Promover acciones orientadas a la educación en la cultura audiovisual, en los niveles primario y secundario de enseñanza, así como fomentar políticas para la formación y el desarrollo de audiencias.

• Instrumentar que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales pueda otorgar también garantías parciales a créditos destinados a financiar la adquisición de equipamientos tomados por empresas exhibidoras, distribuidoras o de servicios de procesamiento de sonido o imagen, como así también crear estímulos a la recuperación y creación de salas de cine.

• Prever que el crédito pueda gestionarse ante los bancos públicos o privados con dos ayudas de relevancia: por un lado, contribuyendo con las garantías que los bancos exigen, de acuerdo con la normativa del Banco Central y, por otro lado, subsidiando en forma significativa la tasa de interés. De manera que las empresas, grandes o pequeñas, que tengan ya trato habitual con entidades bancarias, encuentren facilitado, en gran medida, un camino adicional para financiar sus proyectos.

• Corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su lanzamiento y difusión.

• Recomponer el “Costo medio”, de manera que respete el espíritu con que fue creado, significando una verdadera referencia del costo de una producción audiovisual estándar.

• Modificar y clarificar los sistemas de ayudas consistentes en créditos y subsidios.

• Planificar anualmente la producción para la correcta utilización de los fondos de fomento.

Estos son los puntos más salientes de la nueva ley que, por último, se propone dar solución a las necesidades de hoy y conferirle la precisa flexibilidad que pueda responder a las contingencias del mañana.